El ‘boicot’ a Cruz Roja y la ‘mercantilización’ de la sangre

Varios municipios madrileños regentados por la izquierda han aprobado medidas para impedir la entrada de la entidad Cruz Roja a sus territorios o cobrarles una tasa. La Comunidad defiende su convenio por el que se paga 67 euros a la ONG Cruz Roja por cada bolsa de sangre recogida.


En plena ebullición de las manifestaciones de la ‘marea blanca’ Ignacio González decidió firmar un convenio con Cruz Roja para gestionar la donación de sangre. El acuerdo estipulaba el pago a la entidad de 67 euros por bolsa recogida. Ahora, son varios los municipios madrileños que están poniendo trabas para que los autobuses de Cruz Roja puedan entrar en su territorio. Mientras unos hablan de ”privatizaciones”, otros defienden la optimización de recursos y la ”nacionalización”.

Cinco son por el momento los Ayuntamientos que se han sumado al boicot, unos impidiendo la entrada de los autobuses y otros imponiendo una tasa por estacionar en la vía pública. San Fernando de Henares y Mejorada del Campo fueron los primeros en dar el paso, mientras que Coslada, Velilla de San Antonio y Torres de la Alameda lo han hecho en los últimos días. Ninguno de estos municipios cuenta con un punto de extracción al que sus ciudadanos puedan acudir para donar su sangre. Si quieren hacerlo deberán desplazarse hasta algún Hospital Público de la Comunidad de Madrid, ya que el veto impide a Cruz Roja realizar la labor que vienen desempeñando desde 1960. Según publica ABC, la entidad dejará de percibir alrededor de 1.600 bolsas al año, según las estimaciones en periodos anteriores.

La Comunidad defiende su gestión

Gaceta.es se ha puesto en contacto con el Gobierno de Cristina Cifuentes para conocer si existe una ”privatización” y ”mercantilización” de la sangre, como denuncian los municipios rebeldes. Desde la consejería defienden el Convenio que, explican, ahorra en costes. Hasta la aplicación de la medida cada bolsa de sangre solicitada a Cruz Roja suponía un coste de cerca de 100 euros, que ahora se ha visto reducido hasta 67. Además, señalan, la entidad ha renunciado a procesar la sangre y a cambio tienen la competencia en exclusiva de recogida de sangre en la vía pública, y obtienen una retribución para sufragar los gastos a los que tiene que hacer frente para desarrollar su actividad: recogida, extracción, desplazamiento, profesionales, materiales, coordinación…

Desde Sanidad lamentan las medidas implantadas en estos municipios, gobernados por coaliciones de izquierda, que, denuncian, ”es una irresponsabilidad inmensa por no permitir a tus ciudadanos donar sangre, ya que ahora, para hacerlo, deben desplazarse varios kilómetros”.

El Gobierno de Cifuentes niega tajantemente que haya habido un proceso de privatización. ”Al contrario, antes del Convenio también se pagaba a Cruz Roja por las bolsas de sangre que se necesitaran, lo que ocurre es que ahora ese pago es bastante inferior”, explican. ”Antes cuando había una necesidad de sangre que no se cubría con los recursos de la Comunidad de Madrid se pedía y se pagaba. Se ha hecho todo lo contrario a privatizar, se ha incluso nacionalizado un servicio”, defienden, en alusión a la asunción por parte de la Comunidad de todo el procesado de la sangre, que ahora controla el 100% de todo.

¿Qué denuncian los rebeldes?

Jorge Capa, alcalde de Mejorada del Campo, explica que el pleno del Ayuntamiento aprobó en octubre de 2015 una moción para declarar su ”rebeldía” al convenio firmado por Ignacio González. En la moción se prohíbe la entrada a los vehículos de extracción de sangre de Cruz Roja.

Sin embargo, el regidor asume que la legalidad no permite prohibir a nadie la entrada a un municipio y por eso ”se decidió cobrar una tasa a la entidad si quería realizar extracciones en el territorio”, comenta a Gaceta.es. ”Yo estoy en contra de prohibir a nadie la entrada a Mejorada del Campo y que vaya por delante mi admiración por Cruz Roja”, argumenta. El socialista sostiene que la ONG se ha negado a pagar la tasa por ocupación de la vía pública y desde ese momento no acude al municipio. ”En las conversaciones que tuvimos con Cruz Roja nos dijeron que los 67 euros no son suficientes para cubrir costes y que se estaban planteando pedir a la Comunidad que se elevara el precio de la bolsa”, explica.

Capa, que en todo momento quiere separar el conflicto que ha generado el convenio de la labor que ha venido realizando Cruz Roja, comenta que las conversaciones con la entidad se retomarán ”si hay alguna variación en el acuerdo suscrito con el Gobierno regional”. Además, el alcalde quiere dejar claro que la moción aprobada por el pleno de Mejorada del Campo fue una de las primeras y critica que ”algunos intenten sacar rédito político con algo tan grave, me parece rastrero”.

Pero, ¿qué solución propone el Ayuntamiento para solventar el ”problema”? Casta cree que habría que ”revisar el convenio”, aunque lejos de aportar algo de luz, defiende que en todo caso le corresponde a la Comunidad ofrecer alternativas.

Desde San Fernando de Henares trasladan que el veto a Cruz Roja se debe a ”la comercialización de la sangre recogida”, es por eso que el pleno tomó la decisión de no dejarles entrar. Algo, según las tesis del regidor de Mejorada, no combinaría con la legalidad.

En Coslada han optado, también tras aprobar una moción, por imponer tasas a los vehículos de la ONG que accedan a los términos municipales. Además, se han comprometido a ”realizar una campaña para que las donaciones se efectúen en hospitales públicos”, e instan a la Comunidad de Madrid a retirar el convenio.

Anuncios